Nacionalidad en el Derecho Público Internacional

Materia: Derecho Internacional Público

Universidad Nacional de Rosario

Tipo: trabajo final

Quinodoz-Pinat, Carlos María

1.- Introducción

Verdross define a la nacionalidad como “la pertenencia permanente y pasiva de una persona a un determinado Estado”. Rousseau, por su parte, la define como “aquella población que se encuentra vinculada a su Estado por la nacionalidad que es un vínculo político y jurídico”. Diferencia Rousseau a la nacionalidad de la ciudadanía diciendo que ésta última sólo puede ser ejercida por una parte reducida de los nacionales (aquellos habilitados para ejercer los derechos políticos) y no interesa realmente al Derecho Internacional.

La nacionalidad se nutre con el sentimiento íntimo de pertenencia de un individuo a una comunidad humana; él está sometido a la “supremacía personal del Estado” y la misma le impone deberes aún cuando esté fuera del territorio nacional. La supremacía personal y la territorial (del Estado extranjero donde reside el nacional) se limitan mutuamente.

La reglamentación de la nacionalidad es materia del derecho interno. La competencia exclusiva del Estado está consagrada por el derecho consuetudinario. Es cada Estado quien de manera soberana determina las condiciones del otorgamiento, mantenimiento o pérdida de la misma. Pero el Derecho Internacional entra a jugar un papel relevante cuando se presentan casos de nacionalidad doble o múltiple, o bien de apatridia.

2.- Nacionalidad originaria

Se relaciona con el nacimiento de una persona y es independiente de su voluntad.

a) Ius soli: hace predominar al Estado donde nació la persona, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

b) Ius sanguinis: depende de la nacionalidad de los padres y es otorgada independientemente del Estado donde haya nacido la persona.

Pero ambos, ius soli y ius sanguinis, pueden aparecer combinadas, como de hecho ocurre generalmente en los países latinoamericanos. La Argentina con la reforma de la Constitución de 1994 en su art. 75 - inc. 12 dice que corresponde al Congreso: “dictar (…) especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la (nacionalidad) argentina”.

Ius soli vs. ius sanguinis: en el caso Canevaro sometido a la Corte Permanente de Arbitraje de 1912, Italia sostenía que el ius sanguinis le permitía defender al Barón, mientras que Perú sostenía que aquél era súbdito peruano por el ius soli. El laudo fue favorable a Perú, porque en anteriores ocasiones había demostrado su intención de inclinarse por dicha nacionalidad.[1]

3) Nacionalidad adquirida (también llamada “derivativa”)

Cuando alguien ya tiene nacionalidad y adquiere una nueva (perdiéndola o conservándola en caso de ser posible la doble nacionalidad).

a) Naturalización: es el hecho de adquirir una nueva nacionalidad. Para ello se requiere una manifestación de voluntad por parte de esa persona y una concesión voluntaria del Estado que la otorga. Algunos Estados, a cambio de conceder la naturalización exigen algunos requisitos que debe reunir la persona. Así mismo, el Estado puede exigir la pérdida de la nacionalidad anterior o rehusar el pedido sin dar razones. Incluso, en contra de principios generalmente aceptados del derecho internacional, imponer la naturalización a un individuo en contra de su voluntad. Por otra parte, algunas veces la naturalización tiene ciertas restricciones para quienes acceden a ella: por ejemplo, puede que los naturalizados no puedan acceder a cargos públicos.

b) Formas de adquirir la nacionalización:
- Por adquisición de domicilio en el país.
- Por el desempeño de un extranjero de un empleo al servicio del gobierno.
- Por recuperación cuando se la ha perdido por naturalización en país extranjero.
- Por matrimonio: en muchos Estados, la naturalización del hombre casado implica la naturalización de su esposa y sus hijos (bajo su patria potestad). En otros Estados se exige el consentimiento del conyugue para que se produzca la naturalización. En la “Convención sobre la mujer casada”, aprobada por la Asamblea General en 1957, se dispone que la nacionalidad de la mujer no podrá quedar afectada automáticamente, ni por la celebración del matrimonio ni por su disolución, ni tampoco por el cambio de nacionalidad de su esposo.

4.- La doble o múltiple nacionalidad

Puede darse el caso de que una persona al nacer tenga dos nacionalidades por acción del ius soli y el ius sanguinis. También puede adquirirse la doble nacionalidad con la naturalización sin pérdida de la nacionalidad de origen. Otra manera de adquirir la doble nacionalidad es por matrimonio, cuando éste implique la adquisición de nacionalidad del cónyuge, pero al mismo tiempo conserve la nacionalidad originaria.

La relación real y efectiva del nacional con el Estado: en el caso Nottebohm (1951) éste criterio fue tomado como fundamental para determinar la nacionalidad de quien Liechtenstein pretendía ejercer protección y reclamo. Para ello se tomaron en consideración diferentes elementos cuya importancia varía de un caso a otro; entre ellos figuran la residencia habitual del interesado, sus lazos familiares, su participación en la vida pública, la adhesión demostrada a un país e inculcada a sus hijos, etc.

La doble o múltiple nacionalidad desvirtúa la institución, ya que una persona no puede ejercer derechos ni cumplir deberes en varios Estados a la vez, lo que constituye una incongruencia política. Ello dificulta a los Estados en el ejercicio de las obligaciones militares y la protección diplomática. Es por ello que para el Derecho de Gentes siempre existe una nacionalidad que es la verdadera y real, como se ha distinguido en los casos de Canevaro y Nottebohm.

El Protocolo de La Haya de 1930 estableció que la persona que, poseyendo la nacionalidad de dos o más Estados, resida en uno de ellos y a él esté más vinculado, queda exenta de todas las obligaciones militares del otro Estado. Se funda en el domicilio como hecho demostrativo de vinculación real y sus efectos comprenden las obligaciones militares tanto en tiempos de paz como de guerra. El Tribunal Internacional de Justicia dice en el fallo sobre el caso Nottebohm explicó que “la nacionalidad debe corresponder a una situación de hecho”.

Si bien la Convención de La Haya de 1930 (en vigor a partir de 1937) establece en sus artículos 1 y 2 que “corresponde a cada Estado determinar por sus leyes quiénes son sus nacionales”, dicha competencia está sujeta a las obligaciones internacionales de ese Estado. Cuando el caso de los nacionales de Francia y Gran Bretaña en los protectorados de Marruecos y Túnez fue sometido a la Corte Permanente de Justicia Internacional, la misma sostuvo que “las cuestiones de nacionalidad pertenecen al dominio reservado de cada Estado, pero que tal dominio está limitado por las obligaciones que se hayan asumido con otros Estados”. En el caso anteriormente citado se resolvió la controversia otorgándoles a los interesados el derecho a opción.

Pero, es interesante destacar que si bien es el Estado quien otorga la nacionalidad por su orden jurídico interno, es el Derecho Internacional quien determina cual es el Estado que tiene derecho a la protección diplomática.

5) La apatridia: la “Convención de Nueva York sobre el estatuto de los apátridas” de 1954 define a éstas personas como aquellas que no son consideradas como nacional por ningún Estado. Se puede nacer apátrida o llegar a serlo por alguna situación. El apátrida carece de protección internacional porque no tiene un Estado defensor, se lo considera un extranjero en todas partes.

La “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de Naciones Unidas de 1948 estableció que ninguna persona puede ser arbitrariamente despojada de su nacionalidad y el “Pacto San José de Costa Rica” de 1969 establece en su art. 20 que toda persona tiene el derecho a la nacionalidad del Estado sobre cuyo territorio ha nacido, si no tuviese derecho a otra.

6) Nacionalidad de las personas morales

Guarda algunos parecidos con la nacionalidad de las personas físicas. Es necesario darles nacionalidad a las personas morales a fin de que el Estado pueda ejercer sobre ellas la supremacía personal en el exterior y, sobre todo, protección diplomática.

Para el Derecho Internacional una persona moral puede ser una sociedad comercial o civil, una asociación sin fines de lucro, una corporación de derecho público, como una municipalidad, una universidad, etc.

Las personas morales son constituidas por personas físicas bajo las leyes de un cierto Estado, éste es conocido como “Estado de incorporación”.

a) Apariencia y realidad de las personas morales:

Puede suceder que en ocasiones los accionistas mayoritarios de la empresa sean de una nacionalidad diferente al del Estado de incorporación o que la sede social se encuentre ubicada en un Estado diferente al del Estado de incorporación.

Para dilucidar la nacionalidad se han utilizado cinco criterios:
                               - la sede social
                               - el domicilio
                               - el país de constitución de la persona moral
                               - el control
                               -  el interés del beneficiario

Una regla que se abrió camino es que la persona moral tiene la nacionalidad del Estado de su incorporación y donde se encuentra su sede. El criterio de control efectivo se ha aplicado en circunstancias excepcionales, como en tiempo de guerra.

Pero en el caso de la Barcelona Traction Power and Light Company Limited la justificación de la nacionalidad de los accionistas para practicar la protección diplomática quedó descartada. Según el Tribunal Internacional de Justicia la acción tomada por España fue dirigida contra la compañía y no contra ningún nacional belga. La regla tradicional atribuye el derecho de ejercer la protección diplomática de una sociedad al Estado bajo cuyas leyes se ha constituido y sobre cuyo territorio tiene su sede. Aunque, aclara el Tribunal, que ningún criterio absoluto aplicable al vínculo efectivo ha sido aceptado de manera general.

Por último, cabe decir que en el caso de las personas físicas el Tribunal atendió a cuestiones de hecho, pero también tuvo consideraciones de valores para determinar la nacionalidad. Es así que dice en el fallo del caso Nottebohm que la naturalización “comporta la ruptura de un vínculo de lealtad y el reemplazo de la misma por otra”. En cambio, en el caso de la personas morales – caso Barcelona Traction Power and Light Company Limited – el Tribunal Internacional de Justicia toma en cuenta el hecho de que si adoptase “la tesis del derecho a otorgar protección diplomática a los accionistas como tales, se podría crear una clima de confusión e inseguridad en las relaciones económicas internacionales”, siendo ésta de carácter práctico más que axiológico.

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[1] Se había presentado como candidato a elecciones legislativas en Perú y había pedido al gobierno peruano para ser nombrado cónsul honorario en los Países Bajos.

La formación del modelo agroexportador, 1862-1880

Universidad Nacional de Rosario

Materia: Historia Política Argentina

Quinodoz Pinat, Carlos María

El propósito de este ensayo es señalar algunos de los aspectos más sobresalientes en la formación del modelo socio-económico agroexportador con el que la Argentina se insertó en los mercados mundiales. El período abarca principalmente los años que van de 1862 a 1880, valga decir, las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda.

Oscar Oszlak afirma en la introducción de “La formación del Estado argentino” que “la formación de una economía nacional y de un Estado nacional son aspectos de un proceso único, aunque cronológica y espacialmente desigual”[1] y páginas más adelante añade: “- el Estado nacional – fue a la vez determinante y consecuencia del proceso de expansión del capitalismo iniciado con la internacionalización de las economías de la región”[2]. Estas afirmaciones fuertes vienen a romper con la versión de la ortodoxia liberal, pues en ella el Estado vendría a ocupar un rol imparcial, un rol de mero árbitro frente al libre desenvolvimiento de las fuerzas sociales en la arena del mercado. Pero, a la luz de la historia argentina, es posible observar el rol activo que ha tenido el Estado argentino (muy alejado del postulado por la ortodoxia liberal) en insertar al país en los mercados mundiales[3]. Esta inserción – que constituyó el proyecto de una elite – requirió la movilización de recursos estatales en favor de un sector concreto de la economía y con ello el apuntalamiento de un sector de la sociedad en particular. En este sentido, las políticas estatales estuvieron direccionadas a: por un la articular los factores de la producción: a) Capital, cuya implementación fue necesaria para la integración territorial; b) Trabajo, con la deliberada intención de traer mano de obra europea; y c) Tierra, en el cual el Estado contribuye en gran medida a su concentración. Y, por otro lado, a distribuir desigualmente los resultados de esa producción a través del sistema fiscal y monetario[4]. Estas consistieron en políticas deliberadas del Estado argentino a favor de ciertos sectores productivos al mismo tiempo que presionaban sobre otros y aletargaban el desarrollo de otras fuerzas socio-económicas.

1.- Inserción en la economía internacional.

El mundo al que surge el neonato Estado argentino tras la batalla de Pavón (1861) es un escenario internacional en cuya cúspide aún se encuentra Gran Bretaña. Es aquella nación la que lleva la delantera en el campo de los avances técnicos y el volumen de comercio mundial en ese momento. Al respecto de la integración de la Argentina en los mercados mundiales Aldo Ferrer señala que “la experiencia argentina es un episodio de la expansión de la economía europea desde fines del siglo XIX y, particularmente, de la economía británica”[5]. La dinámica en la que se apoyó ésta expansión económica es resultado, principalmente de tres factores: el movimiento transnacional de capitales, las migraciones y el desarrollo del comercio internacional, todos ellos a su vez alentados por el avance técnico de lo que algunos autores llaman la Segunda Revolución Industrial[6].

Gran Bretaña importaba más de lo que exportaba, pero el déficit que se registraba en la Balanza de Pagos era cubierto con ingresos que el país recibía por las inversiones en el exterior y los servicios financieros y comerciales que se prestaban desde Londres. Estos ingresos, a su vez, permitían no sólo cubrir el déficit comercial con el exterior sino que también permitían reinvertir expandiendo el proceso[7]. Es así que se va a ir delineando una división internacional del trabajo en la que unos países (los menos) se integrarán al sistema como productores de manufacturas e importadores de materias primas; y otros, como el caso de Argentina, adquieren un perfil de país proveedor de materias primas y consumidor de manufacturas.

2.- Integración física del territorio nacional.

El territorio argentino hacia mediados del siglo XIX era una vasta expansión geográfica salpicada por aglomeraciones dispersas. Las distancias existentes entre aquellos poblados era gigantesca, más si se considera las deficiencias que existían en cuanto a la comunicación entre ellos. Para propiciar el crecimiento de un mercado nacional y recoger los frutos de la pampa húmeda con destino a ultramar era necesario crear medios de transporte suficientes.  Esta forma de penetración del Estado es caracterizada por Oszlak como “penetración material”[8], en la cual la acción estatal “avanza sobre el interior, expresadas en obras, servicios, regulaciones, recompensas destinados fundamentalmente a incorporar las actividades productivas desarrolladas a lo largo del territorio nacional al circuito dinámico de la economía pampeana”[9]. Es decir, más que la formación de un mercado nacional de desarrollo endógeno, se gestaba un modelo en que la producción nacional tenía un destino centrífugo.

El ferrocarril fue un actor destacado en lo que a la integración territorial refiere[10] y ahí el capital extranjero jugó un papel preponderante. La acción estatal requirió de varios mecanismos a implementar: 1) la provisión de medios financieros y técnicos; 2) Reglamentos que brindaran regularidad; 3) Concesión de beneficios a privados para el desarrollo de actividades; 4) Garantías sobre la rentabilidad, la ejecución de las obras y su efectiva prestación de servicios[11]. El caso del ferrocarril Rosario-Córdoba en el cual el Estado satisfizo todas las exigencias de William Wheelwright[12] es muy elocuente al respecto.

Los logros en cuanto a la integración territorial parecen no haber tenido igual impacto en todo el territorio: mientras que en el Litoral tuvo un verdadero rol articulador creando un mercado nacional, en muchas provincias mediterráneas la función integradora no se concretó. Aunque para 1880 se habían construido 2.100 km de vías férreas (casi en un 80% concentrado en la región pampeana), el crecimiento es sorprendente si se considera que en 1857 existían sólo 10 km[13]. Pero, sobre todo, el ferrocarril posibilitó la explotación de la Pampa húmeda tejiendo una red de líneas que confluían hacia el puerto de Buenos Aires confirmando que el modelo tenía los ojos puestos en un “desarrollo hacia afuera”. Al mismo tiempo, el ferrocarril hizo que el precio de la tierra por donde se habían dispuestos las líneas se elevase consolidado a los terratenientes pampeanos en su rol de clase hegemónica[14].

3.-  La inmigración, el factor trabajo.

“Gobernar es poblar” y poblar, trayendo al territorio esos “pedazos vivos de Europa”, fue incorporar al factor escaso, al factor trabajo, al sistema productivo. El Estado puso denodado empeño por atraerse migrantes de Europa, y en gran medida lo consiguió. Aunque es el período que va de 1890 a 1914 representa el momento de mayor ingreso de migrantes (la “era aluvial”), la cantidad recibida entre 1862-1880 no es nada despreciable. Una vez más, apelando a uno de los ejemplos que Oszlak da en lo que él caracteriza como “penetración material”, puede ilustrarse como el Estado intervino activamente para articular este factor: cuando los colonos galeses de Chubut estuvieron en dificultades el gobierno de Mitre brindó una importante suma para que se iniciase el proceso de colonización y luego mantuvo subsidios mensuales para víveres[15]. Es decir, el Estado aparece no solo como promotor de la incorporación de la fuerza de trabajo, sino que también es garante de su reproducción.

Era imprescindible la incorporación de mano de obra para poder expandir la frontera productiva del modelo. Pero, como se verá más adelante, este contingente de inmigrantes no tuvo el desarrollo ideal que hubiesen esperado los gestores del proyecto. El principal obstáculo estuvo dado por el modo en que el tercer factor, la tierra, fue apropiada.

4.- La distribución de la tierra.

La llamada “Ley Avellaneda” que pretendía facilitarles el acceso a la propiedad de la tierra a los nuevos colonos no quedó más que en un una declaración de buenas intenciones. La ley de Inmigración y Colonización de 1876 pretendió mirarse en el espejo de la “Homestead act” estadounidense, pero fue un completo fracaso.

En la Argentina el proceso de conquista territorial se cierra con la “Conquista del desierto” en 1879. Las tierras quitadas por la fuerza al indio fueron rematadas, usadas en garantía y repartidas entre los conquistadores. O sea, para 1880 –año en que la curva de la inmigración se torna drásticamente ascendente- la mayor parte del territorio nacional tiene dueño. Esto dificultó notablemente el acceso de los recién llegados a la tierra como propiedad, y en su lugar tuvieron que establecerse como arrendatarios. Esto hizo que el arrendatario no pudiese obtener la totalidad de las utilidades que le hubiese permitido el acceso a la propiedad de la tierra. A su vez, el rol de los terratenientes como clase hegemónica se iba consolidando. Consecuentemente “la concentración de la propiedad territorial en pocas manos aglutinó la fuerza representativa del sector rural en un grupo social que ejerció una poderosa influencia en la vida nacional”[16].

5.- La política fiscal y arancelaria.

La formación de un mercado nacional significó remover las aduanas interiores en manos de las provincias. Junto a la integración territorial, es decir la mejora de las comunicaciones, el establecimiento de un territorio aduanero único representó un gran avance. Sin embargo, la estructura fiscal se siguió nutriendo principalmente de las recaudaciones de la aduana. Los primeros presidentes del Estado argentino –y hasta mucho después- se comprometieron indefectiblemente con el credo liberal en lo económico, por ello no dudaron en aplicar políticas arancelarias muy laxas. Aunque, cabe mencionar, que esta política fiscal tuvo incidencia diferenciada según se tratase de impuestos a las importaciones o a las exportaciones.

Las exportaciones tuvieron, en general, bajos impuestos cuando salían del territorio nacional. Durante el período que se analiza los gravámenes a las exportaciones estuvieron presentes y las tasas fueron relativamente bajas, aun cuando se incrementaron para financiar la Guerra contra el Paraguay entre 1865-1870. En este momento el Ministerio de Guerra se llevaba casi la mitad del presupuesto del Estado nacional. El sector agropecuario de la pampa era el más dinámico y productor de excedente. Pero hacia 1880 estos impuestos a las exportaciones van a desaparecer prácticamente: “el predominio económico de este sector y sus posibilidades de acceso y control del estado reforzaron esta orientación, con la consecuencia de que muy pronto los ingresos derivados de los gravámenes a la exportación perdieron importancia dentro del cuadro de recursos tributarios”[17].

En cuanto a las importaciones, estas fueron, desde antes de la unificación final del país después de Pavón, el manantial fiscal del Estado[18]. El compromiso con las ideas liberales hizo que entre 1862 y 1875 los impuestos se mantuviesen relativamente bajos. Pero, a partir del año 1876 (cuando la crisis internacional se agrava) estos se empiezan a incrementar velozmente, sobre todo en productos de consumo masivo[19]. Los bienes de consumo intermedio y de capital, por otro lado, estuvieron sujetos a tasas más reducidas. Esto le permitió al sector agropecuario verse favorecido en lo que a costos de producción refiere. Ésta estructura impositiva en las aduanas “representaba una solución racional frente al conjunto de restricciones apuntado: a) distribuía la carga impositiva ´a ciegas` sobre la sociedad (…); b) resultaba neutra frente a los sectores económicos dominantes (…); c) de esta manera, se originaban recursos adicionales para el pago de empréstitos (…); y d) enfrentaba al Estado (…) a los sectores populares sobre los que recaía el mayor peso de la imposición, desplazando así a un segundo plano los conflictos entre burguesía y asalariados”[20].

Los hacendados gozaron de un tratamiento fiscal benigno, ya que sus productos no sufrieron gravámenes a la exportación y los productos que debían importar, así mismo, tuvieron  tasas muy bajas de impuestos[21]. Este tratamiento fiscal tiene su razón de ser en “las exigencias financieras planteadas por la viabilización del Estado, y de la capacidad de los diferentes sectores sociales para oponer resistencias a acciones estatales que afectaran su posición económica”[22]. La tributación indirecta fue entonces básicamente en donde se sustentó la estructura impositiva.

El sistema monetario por su parte también jugó un papel importante en lo que a redistribución del ingreso refiere. Sin pretender hacer un análisis sistemático y exhaustivo, se señalará simplemente que éste cumplió un rol a favor del sector más dinámico del sistema productivo. Si bien el papel moneda fue muy inestable durante el período como se muestra abajo, es posible apreciar como éste tuvo en cuenta en todo momento el favorecer al sector agroexportador ante los avatares del mercado internacional.

Período	Tasa anual de inflación	Régimen monetario
1867-1875	0	Patrón oro
1875-1878	9	Incovertibilidad
1878-1884	-4	Patrón oro

Fuente: Aldo Ferrer, Op. Cit., página 225.

La depreciación del papel moneda significaba que el sector exportador incrementase sus ingresos, al mismo tiempo que los salarios rurales crecían más lentamente que la depreciación. Esto afectaba aún más al asalariado urbano ya que adquiría del campo la mayor parte de lo que consumía en términos de alimento y para el resto de su consumo dependía de las importaciones.

En períodos de convertibilidad los salarios rurales y urbanos mejoraban su situación, pero los sectores patronales del campo y la ciudad respondían bajando los salarios. Pero, aunque suene paradójico, la mejor defensa fue estabilizar el peso con respecto al oro y detener así su revalorización. De hecho, “el restablecimiento de la convertibilidad en 1866, 1899, y 1927 estuvo destinado a interrumpir procesos de valorización del peso moneda nacional.[23]

6.- Conclusión.

Este ensayo – al igual que las obras ejes aquí empleadas de los autores Ferrer y Oszlak- pretendió discutir con la corriente liberal que entiende al desarrollo de los mercados (tanto nacional como internacional) como un resultado “natural”, un simple devenir de los hechos en los que el papel que se le asigna al Estado es el de árbitro, espectador pasivo del desarrollo de la sociedad civil. Como se ha intentado exponer, en el caso concreto de Argentina, el Estado tuvo un rol sumamente activo en el desarrollo capitalista. Las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda sentaron las bases para un modelo agroexportador que se iría consolidando aun más a partir de la llegada al poder de “La Generación del `80”. Lo paradójico es que estos presidentes adhirieron sin hesitar al liberalismo e implementaron políticas estatales sumamente activas, no sólo en lo que al modelo primario exportador refiere, sino a diferentes ámbitos de la vida social.

El Estado en cierne logró articular (y ser garante muchas veces) de los factores que son menester indispensable para el desarrollo productivo: capital, trabajo y tierra. Aunque fracasó en su implementación ideal, logró dinamizar notablemente el sector agropecuario, más que nada el del Litoral. En la dualidad entre “orden” y “progreso, fue el primero el cual prevaleció sobre el segundo, pues la instauración del orden permitiría: “obtener la confianza del extranjero en la estabilidad del país y sus instituciones. Con ello se atraerían capitales e inmigrantes, dos factores de la producción sin cuyo concurso toda perspectiva de progreso resultaba virtualmente nula”[24]. Al mismo tiempo que articulaba esos factores distribuía los frutos que aquél rendía a través de una estructura fiscal regresiva. Atiéndase bien, no es el mercado per se quien distribuye, sino que éste lo hace en función de las reglas que le marca el Estado, esto sin desconocer las cualidades excepcionales de la Pampa argentina. Entonces, el Estado nacional y el mercado que aquél delimita territorialmente se construyen uno a otro de forma dialéctica.

Todo esto permitió a las primeras administraciones nacionales poner en marcha y consolidar un modelo económico y político que durante  varios años tuvo éxito. Será justamente el factor trabajo (aquél que denodadamente buscase hacia mediados del siglo XIX) el que a la larga va a ir poniendo contra las cuerdas al modelo de Estado con el cual se gestó la Argentina.

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[1] Oscar Oszlak, “La formación del Estado argentino”, Buenos Aires, Belgrano, 1971, página 18.

[2] Ibídem, página 38.

[3] “Mercados mundiales” puede ser una frase engañosa ya que lo que en realidad se dio fue una relación comercial estrecha con Gran Bretaña y algunas potencias europeas y no, como podría pensarse, en una inserción en los “mercados mundiales” como diversificación de destinos de exportación.

[4] Un análisis exhaustivo del sistema monetario es deliberadamente excluido ya que el mismo presenta mucha complejidad y no se unificó hasta 1881. Anteriormente, desde la caída de Rosas en 1852 hasta 1899 (Ley de Conversión) y se unifica la facultad de emitir moneda en la Caja de Conversión, el sistema monetario del país estuvo apoyado en las monedas metálicas extranjeras a las que se les daba curso legal por el territorio.

[5] Aldo Ferrer. “La economía argentina: desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2008, página 143.

[6] La Segunda Revolución Industrial estaría dada por nuevas formas de organización internacional -como los holdings, trusts, carteles, etc.-, por nuevas fuentes de energía –como el petróleo y la electricidad- y nuevos sistemas de financiación. En Aldo Ferrer este período aparece bajo el nombre de “Segundo Orden Mundial”.

[7] Aldo Ferrer, Op. Cit., página 153.

[8] Es una de las cuatro formas de penetración que plantea Oszlak: 1) penetración represiva; 2) penetración cooptativa; 3) penetración material; 4) penetración ideológica. Oscar Oszlak, Op. Cit., página 132.

[9] Ibídem.

[10] Aunque el desarrollo de puertos sobre el Litoral también tuvo gran importancia, sumado a ello el hecho de la libre navegación de los ríos.

[11] Oscar Oszlak, Op. Cit., página 142.

[12] 1) Cesión de una legua de tierra a cada lado de las vías; 2) la fijación de capital garantido en 6.400 libras por milla; 3) la fijación de los gastos de explotación en un 45% de los ingresos brutos; 4) un beneficio mínimo de 15%; y 5) la exención de la garantía a la que debía estar obligado por ley.

[13] Roman Gaignard, “La Pampa argentina. Ocupación, población, explotación. De la conquista a la crisis mundial (1550-1930)”, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1989, página 284.

[14] Oscar Oszlak, Op. Cit., página 147.

[15] Oscar Oszlak, Op. Cit., página 148.

[16] Aldo Ferrrer, Op. Cit., página 169.

[17] Oscar Oszlak, Op. Cit., página 197.

[18] Esto quedaba contemplado en el art. 4 de la Constitución Nacional de 1853: “El Gobierno Federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación”.

[19] En muchos de los casos los aranceles ad valorem se duplican.

[20] Oscar Oszlak, Op. Cit., página 199.

[21] Oscar Oszlak, Op. Cit., página 244.

[22] Oscar Oszlak, Op. Cit., página 247.

[23] Aldo Ferrer, Op. Cit., página 198.

[24] Oscar Aszlak, Op. Cit., página 59.

REVOLUCIÓN IRANÍ: Una revolución tercermundista diferente.

Materia: Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas

Universidad Nacional de Rosario

Quinodoz-Pinat, Carlos María

La revolución iraní tiene sus orígenes en el proceso modernizador iniciado en 1963 por voluntad del Sha Reza Pahlevi. “La Revolución Blanca”, así llamado este proceso, pretendía llevar adelante una reforma agraria, la nacionalización de los bosques, el derecho al voto para la mujer y la creación de un cuerpo de alfabetización. Pero, en 1968 la reforma fracasa, sobretodo la reforma agraria, ya que por una ley de gobierno  se trata de incrementar la productividad a través de la creación de grandes propiedades, que afecta al campesinado  expropiándolo y ahogándolo económicamente. Sin embargo, la productividad es escasa y la importación de géneros alimenticios va en aumento. Simultáneamente la política de modernización se estancará temporalmente.

En 1973, con el alza de los precios del petróleo, el Sha vuelve a impulsar su política. Pero, en 1974 el país es victima de “La Enfermedad Holandesa”, cuyo significado se observa en la entrada de capitales que provoca que su moneda se  revalué (dificultando al proceso de industrialización y la exportación) y que aumente la inflación en su interior, surgiendo de  ésta manera una contradicción social al interior del régimen. Por un lado la burguesía comercial moderna (ligada a los negocios del petróleo y las armas), la corte y el Sha se veían beneficiados por los precios internacionales, por otro lado los comerciantes del bazar (clase media tradicional) y la masa campesina[1] que habían sido expulsados del ámbito rural con el proceso modernizante y cuyas estructuras mentales no habían sido adaptadas a la nueva situación de urbanidad.

El régimen había funcionado bien hasta 1975 año en que la baja (temporal) del precio del petróleo provocó tensiones sociales. El gobierno lanzo una “Campaña contra la especulación” en la que muchos comerciantes del bazar fueron encarcelados y humillados públicamente. A partir de ese momento, ellos se convirtieron en la oposición del Sha, quien para  recobrar la confianza de las masas, obligó a los empresarios a que cediesen parte de sus acciones a los trabajadores, pero ésto solo tuvo como resultado la desconfianza del sector empresarial, mientras que los trabajadores se mantuvieron indiferentes ante el gesto de acercamiento.

Fue el siguiente año de 1976 cuando el Sha  recibió un duro golpe del exterior: la elección de James Carter y el ascenso de los DD HH en la agenda de la política exterior norteamericana. Por ser un régimen monárquico, de partido único[2], con una policía política[3] (3), que no daba el más mínimo margen a la libertad de expresión, no era difícil sentirse amenazado. Bajo la atenta mirada de la nueva administración de EE UU, se dio lo que es conocido como la “Primavera de Teherán” (1977), en la que los liberales ganaron las calles con constantes manifestaciones. A propósito de eso, el Clero permaneció pasivo. Las clases medias salieron de la apatía política, peor no contaban con un partido que pudiera canalizar su oposición al Sha. Así mismo los movimientos de izquierda Fedaiynes y Muyahidines, que habían puesto resistencia armada al régimen durante los años sesenta, se encontraban diezmados por la represión ejercida  sobre ellos.

El desencadenamiento de la revolución en 1978 es producto de un hecho fortuito: la publicación en enero de una articulo en un periódico de Teherán en el cual se esgrimían injurias contra la figura del Ayatola Jomeini. Una serie de manifestaciones seguidas de represiones, termino en un espiral de violencia inagotable.

La alianza de la revolución iraní acogía en su interior a una heterogeneidad muy grande de componentes. En su interior contenía a jóvenes intelectuales islamistas y el clérigo revolucionario – bajo la dirección de estos últimos) que movilizaron a los bazaris y a las capas populares en la espera común del advenimiento de la República islámica. El carácter único de esta revolución consistió en que logró aglutinar a clases diferentes, a veces antagónicas, para conseguir la conquista del poder y en convertir el discurso político islamista (lo que Jomeini llamará “unimisidad del discurso”) en el instrumento movilizador por excelencia, en detrimento de otras ideologías. Con la llegada de Jomeini, el 1 de febrero de 1979, los otrora aliados de la revolución fueron eliminados uno a uno hasta la instalación de la teocracia. Se nombró a un gobierno provisional a cargo a cuya cabeza se encontraba Mehdi Bazargan del Frente Nacional. Pero el poder real se encontraba en el Consejo (secreto) de la Revolución, integrado en su mayoría por los ulemas jomeinistas y del cual el Frente Nacional no participaba. El Consejo estaba creando en ese momento lo que después sería la ideología oficial, la “weltanschauung” islámica. Se formaron “komitehs” que se convirtieron, junto con la milicia revolucionaria[4], los “pasdarans”[5], los tribunales revolucionarios y las fundaciones islámicas, en un segundo poder en Irán. La clase media laica y los liberales no fueron capaces de movilizar a las masas y fueron derrotados política y jurídicamente con la nueva Constitución que instituía el velayat-e faqih otorgando los máximos poderes de gobierno a Jomeini.

El 4 de noviembre de 1979 un grupo de estudiantes jomeinistas dirigidos por la milicia revolucionaria tomaron la embajada de Estados Unidos manteniendo a los diplomáticos como rehenes[6]. Bazargan dimite, pues se da cuenta de que no controla la situación. La URSS, que desde enero se plantea la hipótesis de una intervención de Estados Unidos en Irán, se precipitará sobre Afganistán, donde el presidente pro-soviético, Amin, ha sido asesinado por uno de sus ministros, Taraki. Es decir, la URSS, suponiendo una segura intervención estadounidense en Irán, prefiere adelantarse a ella para que no parezca una respuesta a Estados Unidos e iniciar así una escalada que termine con la distensión entre las dos superpotencias. Además, la URSS con la intervención en Afganistán pretende frenar el avance del integrismo islámico en Asia Central. Por supuesto que con la tierra afgana bajo órbita soviética asegurará una plataforma al golfo de Omán y el alcance al estrecho de Ormuz.

El 22 de septiembre de 1980 Irak invadió Irán con la excusa de un contencioso fronterizo sobre el río Chatt al-Arab[7] Pero, en realidad, Irak se encontraba temeroso puesto que tiene población mayoritaria de chiítas en el sur y muchos de los lugares santos del chiísmo se encuentran en ese país. Una revolución islámica amenazaba, entonces, la estabilidad iraquí. México y Noruega hicieron un llamado a la paz en el Consejo de Seguridad; Kurt Waldheim, secretario de Naciones Unidas tomó iniciativas; también lo hicieron los No Alineados y la Conferencia Islámica. Nada de ello pudo impedir el estallido de la guerra.

En ese momento el mapa de guerra se desarrollaba de la siguiente manera: Irak ocupa la orilla derecha del río Chatt al-Arab (octubre de 1980); las tropas iraquíes toman la ciudad de Arabistán, al sur de Irán, el frente se estanca; el ejército iraní logra vencer en Basora y avanza al norte de Irak (1982); Irán lanza una ofensiva en el Kurdistán y amenaza la zona petrolífera de Kirkuk (1983). Los “pasdarans” desempeñan un papel importante en estas ofensivas, puesto que eran soldados siempre bien dispuestos a morir en el campo de batalla. Una generación de jóvenes –provenientes en su mayoría de las capas populares- fue diezmada en esta guerra.

En el campo diplomático Irak se acercaba a Arabia Saudí y Kuwait, mientras que Irán hacía lo propio acercándose a Siria, Libia, Argelia y Yemen del sur. En ese momento estalla el escándalo del “Irangate” (1985): Estados Unidos proveía armas a Irán vía Israel y así subvencionar a los Contras en Nicaragua.

Para 1988 Irán venía sumando una serie consecutiva de derrotas, los frentes se encontraban sumamente agotados y Jomeini[8] termina aceptando la resolución número 588 de las Naciones Unidas en ese año. Finalmente, llega el alto al fuego entre Irak e Irán.

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[1] En vísperas de la revolución casi la mitad de la población de Teherán no era originaría de esta ciudad.

[2] “Resurrección nacional”, tal el nombre del partido único.

[3] La “Savak”.

[4] La PRI.

[5] La guardia revolucionaria formada en mayo de 1979. Integrada por jóvenes de las capas populares.

[6] Este caso llevado a la Corte Internacional de Justicia estableció la responsabilidad de Irán, en tanto que acto de Estado, por haber incitado y facilitado esta toma. Los últimos diplomáticos fueron liberados en enero de 1981.

[7] Irak denuncia el Acuerdo de Argel de 1975.

[8] Jomeini muere el 3 de junio de 1989.


BIBLIOGRAFÍA:
Brieger, Pedro "¿Guerra Santa o lucha política? Entrevistas y debate sobre el Islam"
Zorgbibe, Charles "Historia de las Relaciones Internacionales"
Renouvin, Pierre "Historia de las Relaciones Internacionales" Tomo II.